La defensa fiscal, como su nombre lo indica, consiste en la preparación y tramite por la vía legal de medios de defensa que tienen a su alcance los contribuyentes, sean personas físicas o morales, para hacer valer en contra de actos de autoridades fiscales que afecten sus derechos. 

En materia de defensa fiscal existen dos tipos de medios de impugnación, la vía administrativa y la jurisdiccional. La primera básicamente se presenta y tramita ante la propia autoridad emisora, siendo ésta quien revisa y califica sus propios actos;  por otra parte, el medio de defensa jurisdiccional, es aquel que se presenta y tramita ante una autoridad encargada de impartir justicia, quien será la encargada de dirimir la controversia entre la autoridad fiscal y el contribuyente a través del desahogo del proceso y el dictado de una sentencia. 

En la práctica los despachos de asesoría y consultores fiscales se encargan de aplicar su conocimiento en leyes tributarias como la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley de IMSS, INFONAVIT, algunos se especializan en áreas laborales, financieras, propiedad intelectual entre otros.

Sin embargo, las empresas, pero sobre todo las personas físicas o contribuyentes quienes conforman las empresas, son quienes con las reformas a la legislación fiscal y más recientemente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por ejemplo, pueden en apariencia caer en supuestos de la ley debido a la naturaleza de las actividades de las empresas.

Surge entonces un área de especialidad que quienes nos ocupamos de su estudio somos Abogados Fiscalistas o Licenciados en Derecho Fiscal. Y es a través del estudio del Código Fiscal de la Federación y de las diversas Leyes que rigen los procesos jurisdiccionales, que nos permiten trazar estrategias de defensa basados en la correcta apreciación del marco normativo en materia tributaria.

En próximas colaboraciones compartiré cuáles son los recursos de los que un contribuyente tiene derecho para defenderse dentro del marco de la ley ante actos de la autoridad que causan perjuicio en el patrimonio de las personas.