Durante más de veinte años, EdiFactMx fue una parte fundamental de mi vida. Una empresa construida con esfuerzo, innovación y la convicción de desarrollar tecnología mexicana capaz de competir con las mejores soluciones del mundo.

Hoy quiero compartir algo profundamente personal. Una historia que, en cuestión de días, cambió radicalmente y que no quisiera que se conociera únicamente a través de titulares, comunicados oficiales o interpretaciones que no reflejan todo lo sucedido.

Mi empresa, EdiFactMx, perdió su autorización para certificar facturas electrónicas después de más de quince años como Proveedor Autorizado de Certificación del SAT y dos décadas participando como pionera de la facturación electrónica en México.

No perdimos un cliente importante. No enfrentamos una crisis comercial ordinaria. No fracasó nuestra tecnología, ni dejamos de ser competitivos. Perdimos la autorización que hacía posible desarrollar nuestra principal actividad, como consecuencia de una resolución administrativa cuya fundamentación y proporcionalidad cuestionamos.

Y lo más doloroso es que, desde nuestra perspectiva, el origen de todo fue una inconsistencia en los propios mecanismos de control de la autoridad fiscal.

EdiFactMx nació en 2006. No nació de una concesión política, de contratos privilegiados ni de relaciones con el poder. Nació de una visión tecnológica, de muchas horas de trabajo, de riesgos financieros y de una convicción empresarial: construir tecnología mexicana capaz de competir con las mejores soluciones del mundo.

Fuimos creciendo prudentemente. Nunca fuimos una empresa gigantesca, pero sí una organización extraordinariamente especializada. A lo largo de dos décadas vivimos crisis económicas, transformaciones tecnológicas, modificaciones fiscales, auditorías, exigencias regulatorias y desafíos que muchas veces parecían insuperables.

Sobrevivimos porque supimos trabajar, innovar, invertir y adaptarnos. EdiFactMx no fue una empresa improvisada. Fue el resultado de veinte años de disciplina empresarial.

Construimos infraestructura tecnológica de misión crítica, invertimos en centros de datos de clase mundial, desarrollamos una arquitectura de alta disponibilidad y evolucionamos hacia plataformas en la nube.

Implementamos sistemas de gestión de seguridad de la información bajo estándares internacionales, incluida la certificación ISO 27001. Nos sometimos a revisiones fiscales, contables, tecnológicas y regulatorias, además de auditorías realizadas por firmas nacionales e internacionales.

A lo largo de nuestra trayectoria certificamos más de 1,300 millones de comprobantes fiscales digitales, que fueron procesados y transmitidos conforme a las obligaciones correspondientes ante el SAT. Detrás de cada comprobante había tecnología, infraestructura, inversión, procesos de seguridad y responsabilidad. Pero, sobre todo, había personas.

Colaboradores a quienes procuramos ofrecer condiciones laborales dignas, prestaciones competitivas, capacitación constante y oportunidades de desarrollo profesional. Siempre he creído que una empresa tiene una obligación superior a la simple generación de utilidades: contribuir positivamente a la sociedad.

EdiFactMx pagaba impuestos, generaba empleos, invertía, innovaba y participaba activamente en la economía mexicana. Éramos parte de la infraestructura que hacía posible la recaudación fiscal del propio Estado. Y, paradójicamente, fue ese mismo Estado el que terminó retirándonos la autorización.

Aquí comienza la parte más importante de esta historia.

Durante octubre de 2025, uno de los contribuyentes cuyos comprobantes pasaron por nuestra plataforma estuvo involucrado en un procedimiento relacionado con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, correspondiente a las denominadas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Entre el 6 y el 15 de octubre de 2025, nuestra infraestructura certificó 29 CFDI emitidos por ese contribuyente. Veintinueve comprobantes. Ese fue el hecho operativo que dio origen al procedimiento contra una empresa con veinte años de historia y más de 1,300 millones de documentos certificados.

Pero hay una diferencia fundamental que debe comprenderse: un Proveedor Autorizado de Certificación no es necesariamente quien realiza la operación comercial que da origen a una factura.

El contribuyente emite el comprobante. El PAC ejecuta las validaciones fiscales y tecnológicas exigidas por la normativa, incorpora el timbre fiscal y transmite la información correspondiente a la autoridad. Son funciones distintas. Son responsabilidades distintas.

En nuestro caso, los registros técnicos con los que contábamos señalaban que el Certificado de Sello Digital del contribuyente se encontraba vigente y que los indicadores oficiales de validación permitían procesar los documentos.

EdiFactMx no emitió esos comprobantes como contribuyente, no celebró las operaciones comerciales subyacentes ni obtuvo un beneficio económico asociado a su contenido. Nuestra intervención fue la certificación tecnológica de los documentos, dentro del servicio para el cual estábamos autorizados.

El problema central que planteamos es el siguiente: ¿qué sucede cuando una autoridad mantiene técnicamente habilitado un certificado o un registro, pero posteriormente responsabiliza al proveedor por haber procesado documentos utilizando esa misma información oficial?

Aquí es donde el caso deja de ser exclusivamente empresarial y se convierte en una cuestión de responsabilidad regulatoria.

Durante el periodo analizado, el SAT era responsable de administrar los certificados digitales y publicar la información técnica utilizada para las validaciones correspondientes. EdiFactMx no tenía facultades para revocar certificados de terceros ni modificar unilateralmente las listas oficiales.

Nuestra defensa sostiene que cumplimos las validaciones técnicas aplicables conforme a la información oficial disponible en ese momento.

Posteriormente, en abril de 2026, recibimos un criterio operativo que exigía impedir la certificación de contribuyentes incluidos en determinados listados definitivos del artículo 69-B, incluso cuando los indicadores técnicos continuaran mostrando información favorable.

Adaptamos nuestros sistemas a ese criterio, pero los hechos cuestionados habían ocurrido meses antes.

Este punto plantea una pregunta jurídica esencial: ¿puede evaluarse una actuación técnica anterior utilizando un criterio operativo comunicado posteriormente, sin analizar cuidadosamente las obligaciones que ya resultaban exigibles en la fecha de los hechos?

Reconozco que la discusión jurídica debe considerar la totalidad de las reglas fiscales vigentes en 2025, las obligaciones de verificación del PAC y el contenido exacto de las publicaciones oficiales. Sin embargo, también considero indispensable examinar la actuación de la autoridad.

Porque la seguridad jurídica no consiste únicamente en exigir que las empresas cumplan; también exige que el Estado proporcione información confiable, reglas claras y procedimientos proporcionales.

De otro modo, el regulador puede convertirse simultáneamente en fuente de incertidumbre y en autoridad sancionadora de sus consecuencias.

En septiembre de 2026 se concretó la revocación de nuestra autorización. Desde entonces tuvimos que ejecutar un complejo proceso de continuidad tecnológica, contractual y comercial para garantizar que nuestros clientes no quedaran sin servicio.

Una organización construida durante veinte años se vio obligada a modificar en unas semanas su modelo de negocio.

El daño no se limita a perder una autorización. Significa comprometer inversiones tecnológicas, modificar relaciones contractuales, afectar el valor de una cartera comercial, poner en riesgo fuentes de empleo y alterar el patrimonio generado durante décadas de trabajo.

Hay algo que considero especialmente preocupante: una sanción puede ser jurídicamente discutible y, sin embargo, producir efectos económicos prácticamente irreversibles antes de que exista una resolución judicial definitiva sobre todos los puntos controvertidos.

El tiempo del proceso legal y el tiempo de supervivencia de una empresa no son iguales. Una empresa debe pagar su nómina mañana. Debe atender a sus clientes hoy. Debe sostener contratos, infraestructura y obligaciones financieras todos los días.

Una eventual sentencia favorable, años después, difícilmente reconstruiría por sí sola la confianza comercial, las relaciones perdidas y el valor empresarial destruido.

El 18 de octubre de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno difundió públicamente los resultados de una auditoría relacionada con diversos proveedores de certificación. El comunicado vinculó la revocación de autorizaciones con operaciones relacionadas con empresas factureras.

Mi inconformidad es profunda. Porque existe una diferencia entre afirmar que un proveedor certificó comprobantes emitidos por un contribuyente posteriormente identificado dentro de un procedimiento fiscal y sostener que ese proveedor participó deliberadamente en un esquema de simulación.

Certificar un CFDI no significa, por ese solo hecho, haber creado una operación simulada, haber participado en ella o haber obtenido beneficios ilícitos.

Si existen pruebas de una conducta dolosa, deben presentarse, individualizarse y someterse a los procedimientos correspondientes. Lo que no considero aceptable es que una comunicación pública termine produciendo, ante los ojos de los clientes y de la sociedad, una conclusión de culpabilidad más amplia que los hechos acreditados en cada expediente.

La reputación no aparece en los estados financieros con todo su valor real, pero cuesta décadas construirla y puede perderse en una sola mañana.

El primer golpe fue regulatorio. El segundo fue reputacional. Y este último puede resultar todavía más devastador.

Durante años observé con preocupación distintas decisiones públicas, conflictos empresariales, cancelaciones de proyectos y controversias entre inversionistas y autoridades.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue, para mí, uno de los primeros acontecimientos que despertaron serias dudas sobre la estabilidad de las decisiones institucionales. También he observado con preocupación la polarización política, los cuestionamientos a los contrapesos del poder, los problemas de corrupción y la inseguridad que enfrenta nuestro país.

No pretendo presentar mis opiniones políticas como hechos judicialmente acreditados, pero sí quiero expresar una convicción que esta experiencia ha fortalecido:

El riesgo más grave para un empresario no siempre es perder dinero, clientes o participación de mercado. Es perder la certeza de que las reglas serán aplicadas con objetividad, consistencia y proporcionalidad.

Una sociedad necesita combatir la evasión fiscal y las operaciones simuladas. En eso no puede haber concesiones. Pero combatirlas eficazmente también exige distinguir entre quienes organizan o se benefician de esas operaciones y quienes prestan servicios tecnológicos sujetos a obligaciones específicas.

El Estado debe investigar, sancionar y exigir responsabilidad. Y también debe rendir cuentas por sus propios sistemas, criterios y decisiones.

Cuando esa distinción se desdibuja, no solamente resulta afectada una empresa. Se debilita la confianza necesaria para invertir, generar empleo y asumir riesgos productivos.

He sentido coraje, frustración, impotencia e indignación. No voy a ocultarlo. Es difícil aceptar que tantos años de trabajo puedan verse comprometidos por una controversia administrativa.

Pero llega un momento en la vida de un empresario en el que debe distinguir entre defender lo que considera justo y proteger lo que todavía puede construir.

En octubre de 2026, aun después de la revocación, nuestros clientes conservaron la continuidad de sus procesos de certificación mediante la transición hacia otros proveedores autorizados.

No fue una tarea sencilla. Tuvimos que tomar decisiones empresariales difíciles y actuar con rapidez para preservar la operación de nuestros clientes.

Paralelamente, comenzamos a concentrarnos en otras actividades y oportunidades tecnológicas, incluyendo iniciativas de facturación electrónica internacional y soluciones especializadas en cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero.

Hay una ironía que no pasa inadvertida: después de vivir uno de los episodios más difíciles de nuestra historia frente a la autoridad fiscal mexicana, seguimos desarrollando tecnología precisamente para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales.

No he renunciado a defender nuestra actuación, pero tampoco estoy dispuesto a permitir que este episodio determine el resto de mi vida profesional. Porque una empresa puede perder una autorización, pero sus fundadores no necesariamente pierden su conocimiento, sus capacidades, sus relaciones ni su vocación de construir.

Hoy pienso en todo lo sucedido y me hago algunas preguntas.

¿Cuánto vale una empresa que durante veinte años cumplió sus obligaciones, desarrolló tecnología y construyó una reputación? ¿Cuánto vale el esfuerzo de sus colaboradores? ¿Cuánto cuesta perder la confianza de clientes que depositaron durante años su operación en una infraestructura crítica?

¿Cuánto daño puede causar una resolución administrativa cuando su ejecución compromete la viabilidad de una organización antes de agotarse todas las instancias de defensa?

Y, sobre todo, ¿quién asume la responsabilidad cuando una decisión del Estado produce un daño empresarial irreversible y posteriormente se demuestra que existieron errores, inconsistencias o una aplicación indebida de las normas?

No tengo todas las respuestas. Lo que sí tengo es la tranquilidad de haber dedicado veinte años a construir una empresa productiva, tecnológica y comprometida con México.

Me quedo con la frente en alto. Con el orgullo de lo construido. Con la gratitud hacia quienes trabajaron a mi lado. Y con la convicción de que todavía tenemos mucho por hacer.

Durante toda mi vida profesional pensé que los principales desafíos empresariales eran competir, innovar, conseguir financiamiento, administrar riesgos y conquistar mercados.

Hoy agregaría uno que nunca imaginé experimentar con esta intensidad: aprender a sobrevivir cuando el mayor riesgo para una empresa proviene de una decisión de la institución encargada de regular su actividad.

Eso transforma profundamente la manera de entender el liderazgo. Porque cuando una empresa enfrenta una crisis de esta naturaleza, el director general no solamente tiene que defender sus derechos. Tiene que decidir cómo proteger a las personas, cumplir sus compromisos, preservar sus capacidades y volver a empezar.

No sé si algún día recuperaremos todo lo perdido. Probablemente muchas cosas no puedan recuperarse.

Pero hay algo que una resolución administrativa no puede revocar: veinte años de experiencia, conocimiento, capacidad para innovar y voluntad de emprender.

Nos quitaron la autorización para certificar. No nos quitaron la capacidad de crear.

Y esa capacidad seguirá siendo nuestro principal patrimonio.

Con afecto y gratitud a todos los que han sido parte de esta historia.

Fundador y Director General de EdiFactMx